POR DiegoMasci

Aislarse nos complica la vida

Revisación Técnica Vehicular

Funcionarios que dan explicaciones absurdas sobre una situación que lleva años en la provincia. Los costos de querer ser "Otro País"

Desde hace semanas, quienes desean realizar la Revisación Técnica Obligatoria – RTO- se dirigen a la planta móvil ubicada en el ingreso de Juana Koslay. Por segundo año consecutivo, cientos de propietarios de diferentes vehículos afrontan largas esperas, que en muchos casos se puede ver desde la misma ruta, comienza la noche anterior

La RTO no es obligatoria en la Provincia. Una vieja disputa protagonizada a finales de los noventa entre, el por aquel entonces gobernador, Adolfo Rodríguez Saa y quien era intendente de la ciudad de San Luis, Carlos Ponce,  evito a los sanluiseños de la realización de la inspección que se les exige a los vehículos en el resto del país.

 Según la aplicación que realizan en cada provincia de la Ley Nacional de Transito, quienes están obligados a realizar la revisación técnica, son aquellos vehículos que poseen más de 60.000 km o tres años de antigüedad, la misma se suele hacer de modo bianual y es un mecanismo que utiliza el estado para controlar aquellos rodados que circulan por los municipios y rutas del país. En San Luis no existe ningún mecanismo de control o supervisión para determinar si un vehículo se encuentra en condiciones de salir a la ruta

El promedio de atención al público que tiene la cabina móvil instalada desde diciembre en Juana Koslay es de 100 vehículos diarios, el costo del servicio es de $750 y los miles de ciudadanos que circulan diariamente por el lugar, son testigos de su existencia

Por ese motivo llama la atención las declaraciones vertidas por el Sub Jefe de la Policia de la Provincia de San Luis a El Diario de la República. Claudio Lattini expresó sobre la legalidad del tramite “este taller no es legal. La empresa presenta irregularidades, no sabemos si está o no avalada a nivel nacional. Las obleas que entregan no son las mismas que dan los talleres autorizados. Además, el lugar debería tener un elevador o una fosa y contar con un ingeniero. Según la Ley de Tránsito, no estarían dentro de la legalidad porque no tienen esos elementos para realizar la correcta verificación".

Mas grave aún resulta lo que refleja el diario del gobernador en la misma nota “con el Ministerio de Seguridad y Seguridad Vial también vamos a hacer ver qué está pasando con ese taller, y veremos si están habilitados y si cumplen con los requisitos para esa actividad”. Lattini antes de ser Sub Jefe de la Policia, fue jefe de operaciones y jefe de transito. Reconoce públicamente que luego de dos años de existencia y de miles de ciudadanos que pagaron el servicio “vamos a hacer ver qué está pasando con ese taller”, pocas veces un funcionario publico reconoce con tanta solvencia su incapacidad, si tenemos en cuenta que quien va a pegarse una vuelta como para ver que onda, esta segundo en el rango de responsabilidades dentro de la policía de la provincia para prevenir ilícitos y daños a los ciudadanos de la provincia

Parte del conflicto se encuentra en el sincericidio del Sub Jefe de Rodríguez Saá, la adhesión parcial a la Ley Nacional de Transito. El actual gobernador tiene como practica la no adhesión o adhesión parcial, a muchas legislaciones nacionales, es parte del relato que busca mostrar a San Luis como otro país, algo que ha sido infructuoso desde 1983 hasta la fecha, San Luis se encuentra dentro de la República Argentina, mas allá de las fantasías del primer mandatario provincial.

Quien comenzó con la investigación fue el jefe de Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz quien actuó a partir de la denuncia de un ciudadano por el tipo de atención que brindan en el lugar. El responsable del area afirmo al Diario de Rodríguez Saá que “mantiene contacto permanente con Latini y que la jefa de la Unidad de Juzgamiento de Contravenciones de Tránsito provincial, Mariana Baretto, quien también está interiorizada sobre esto".

La pregunta simple que surge es porque tuvieron que esperar los responsables de la aplicación de las leyes de tránsito en San Luis, especialmente el Ministerio de Seguridad, que miles de sanluiseños paguen por el servicio para recién ahí, averiguar sobre la situación de la RTO Móvil que desde hace dos años funciona en Juana Koslay.

El aislarse de la legislación nacional tiene un costo, un costo que siempre lo termina pagando el ciudadano en la calle, si la Provincia controlara los vehículos que circulan por la calle mediante este procedimiento, siempre odioso para quien debe abonarlo y realizarlo

“Lo correcto sería que  los talleres los ponga el Gobierno o la Municipalidad, o bien que los tercericen". Explica Lattini, seria bueno que los funcionarios de la seguridad de la provincia dejen de comportarse como comentaristas de la realidad que evaden e ignoran y se pongan a proteger a los ciudadanos de una buena vez por todas