POR ZoeBarnes

El que rompe, esta vez, no paga

Impuestazo automotor

Con la llegada del impuesto automotor, su incremento y el nuevo gravamen incluido,  el estado provincial invirtió la lógica del mensaje de los famosos carteles, a pesar de no haber roto, los contribuyentes puntanos, igual pagan.

Los carteles invaden nuestra cotidianeidad, miles de mensajes compiten entre sí, con suerte dispar, buscando atrapar nuestra atención. Dentro de esta competencia por captar la atención en el espacio público, los especialistas en publicidad grafica no pudieron hasta el momento superar con ninguno de sus sofisticados diseños, a dos simples y vulgares carteles nacidos en impresoras económicas, sobre amarillentas hojas A4, que se repiten en miles de negocios distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. “El Que Rompe, Paga” y “No Se Fía”, siguen siendo imbatibles al momento de acaparar la atención de los consumidores.

Los mensajes son simples y claros. Si no tiene dinero, el comerciante no le vende. Si rompe algo, no podrá argumentar su falta de intención, deberá pagar el costo del producto que ha destruido.

Con la llegada del impuesto automotor, su incremento y el nuevo gravamen incluido,  el estado provincial invirtió la lógica del mensaje de los famosos carteles, a pesar de no haber roto, los contribuyentes puntanos, igual pagan. A pesar de no haber sacado fiado, le cobran le quieren cobrar una cuenta que no es propia.

A los conceptos que siempre se deben afrontar, en el popularmente conocido como “impuesto a la patente”, todos estos relacionados con el vehículo, a partir del 2018, comenzaron a llegar las boletas con un 10% extra que se suma al tarifazo forjado sobre finales de 2017. El motivo aparece en la misma factura “impuesto a la pobreza”.

El impuesto que están recibiendo por estos días los puntanos es anual, pudiendo pagarse de contado y con descuento, la totalidad del monto anualizado durante el mes de abril o en cinco cuotas iguales durante los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Quienes pagan el tributo son aquellos que poseen automotores, acoplados y motocicletas radicados en la provincia de San Luis que poseen hasta 15 años de antigüedad.

El despilfarro de dineros públicos volcados a la campaña electoral del año pasado pusieron en rojo las finanzas de la provincia y la búsqueda de nuevos recursos recayó sobre los bolsillos de los contribuyentes sanluiseños. Un relevamiento realizado por portal elchorrillero.com no deja demasiados márgenes de dudas, el tributo automotor de la provincia es el más alto del país en la materia.

Sobre finales del año pasado, al momento de tratarse la Ley Impositiva Anual, los legisladores que conforman el Frente de Unidad Justicialista, provenientes de Compromiso Federal y el Frente Para La Victoria, entre otros espacios, aprobaron un impuestazo para el presente año del 40% que en el caso de Automotores, contempla una actualización que en muchos casos llega hasta el 200%. A pesar que la inflación del último año se ubico en el 25% y que los estatales recibieron un aumento del 21% para todo el 2018, los nuevos impuestos golpean el bolsillo de los puntanos con incrementos superiores al 40%.

El sondeo realizado por elchorrillero.com analiza un comparativo que incluyó a las denominadas provincias grandes y a las provincias vecinas sobre la base de dos, de los vehículos más vendidos durante el 2017. El Renault Sandero 1,6 y la Toyota Hilux, en su versión 2,8 4x2, fueron los que se utilizaron como ejemplo, tomándose como base el valor de $257.000 y $873.400, respectivamente. En todos los casos, los valores que cobra San Luis, superan al resto de los distritos.

En la Provincia, quienes son propietarios del popular modelo de Renault, deberán tributar con la llegada de los nuevos valores, impuesto a la pobreza incluido, un total de $8.481. Los que poseen el mismo vehículo en Capital Federal abonarán $8.224, en La Pampa y Mendoza $7.710, en San Juan $7.068, en La Rioja $6.425 y en Santa Fe $5.911.

En el caso del utilitario de la reconocida marca japonesa, utilizada como una herramienta de trabajo indispensable en el sector agropecuario, las diferencias entre los contribuyentes puntanos y los del resto del país, se amplían de modo considerable, llegando en algunos casos en el comparativo con otros distritos, a un sobreprecio del 260% de lo que se paga en el territorio provincial, por el mismo vehículo, en comparación con otras provincias.

Mientras los sanluiseños que poseen una Hilux deberán tributar al fisco provincial un total de $45.155 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pagarán $39.303 ($5.900 menos), La Pampa y Mendoza se paga $26.202 (-$18.953), en San Juan $24.019 (-$21.136), en La Rioja $21.835 (-$23.320) y en Santa Fe solo pagarán $17.468, $ 27.687 menos que lo que pagan los puntanos por el mismo tributo y vehículo.

El régimen tributario tiene rango constitucional. Con redacciones diferentes establecen, en el artículo 16 de la constitución nacional y en artículo 89 de la provincial, que la “La igualdad, la proporcionalidad y progresividad constituyen la base general de los impuestos, contribuciones y cargas públicas”

La razón por la cual los contribuyentes pagan sus impuestos nace de la necesidad de financiar el gasto público del estado, los dineros de los contribuyentes se destinan al funcionamiento de la burocracia, la administración de justicia, provisión de bienes públicos, garantizar el acceso a la salud y educación de la población e implementar programas de seguridad social que asistan a los sectores más vulnerables o desprotegidos. El sistema tiene una matriz solidaria con la transferencia de recursos del sector privado hacia el público, el primero se contrae en su consumo, en post de sostener, el financiamiento público.

El “impuesto para la pobreza” sortea la razonabilidad de “igualdad” constitucional que posee el sistema tributario.

Exigirle un impuesto, destinado a combatir la pobreza, a quien paga una carga impositiva por un, por ejemplo, Fiat Uno modelo 2005, considerándolo por contrasentido del nuevo concepto impositivo, como un ciudadano rico o de clase media acomodada, parece un despropósito.

El estado autogenera con el nuevo impuesto, una absurda división que a la luz de las acciones y conductas del actual gobernador, no parecen inocentes ni indeseadas.

Al inicio de su gestión intentó marcar una absurda diferencia en la sociedad entre quienes habían nacido en el territorio provincial y quienes eligieron a San Luis como el destino para vivir. Poco parecía importar que el censo del 2010 indicara que casi el 30% de los puntanos no habían nacido en la provincia. Un extraño muro tributario fue concebido en 2016 mediante la creación del Registro de Empleo Puntano, una norma inconstitucional destinada supuestamente a proteger a los sanluiseños. En aquel momento la buscada grieta social no trascendió mas allá de los despachos de Terrazas del Portezuelo, poco tiempo después, se vuelve a la carga en la búsqueda de una división entre sanluiseños, redoblando la presión tributaria sobre los mismos ciudadanos a los que dos años antes planificaba escudar, los divide artificialmente entre ricos y pobres.

Mas allá de los fuegos de artificios con lo que se intentó escudar la argumentación política para evitar la firma del Consenso Fiscal al que adhirieron todos los gobernadores, menos Rodríguez Saá, fijaba la eliminación progresiva de impuestos, especialmente los distorsivos y proyectaba la desaparición de los Ingresos Brutos.

A las pocas semanas del acuerdo logrado entre 23 estados y Nación, en la provincia nació un nuevo impuesto distorsivo, denominado “impuesto a la pobreza”.

Más allá que toda la carga tributaria que pagan los ciudadanos está destinada, entre otros fines, a combatir la pobreza, el interés del gobierno no parece enfocado en resolver uno de sus mayores de su propio fracaso, la pobreza

El nuevo gravamen busca reforzar el tesoro provincial. El ingreso de 80.000 beneficiarios al estado como fórmula para enfrentar la derrota electoral de agosto, junto a la distribución de $226.000.000 entre municipios oficialistas, la fundación de Adolfo Rodríguez Saá y su esposa Gisela Vartalitis y los fondos rotativos destinados a los ministerios, sin rendición de uso, el dinero parece haberse esfumado y la necesidad recaudatoria aumento considerablemente.

Una famosa marinera norteña peruana comienza su letra diciendo “tráigame un guardia, si quiere, pero yo no pago el poto (jarrón), una cosa es que resbale otra que yo la haya roto” parece que en San Luis, poco importa quien haya roto el jarrón, lo único cierto es que quien lo paga, siempre es el otro.

*Nota publicada en la edicion impresa del martes 3 de abril del diario Todo Un País