POR DiegoMasci

Zona Liberada

La seguridad en la provincia

Móviles rotos, comisarías sin mantenimiento, rutas sin controles, la droga en los barrios, refacciones de despachos innecesarias y un mapa del delito que se lo usa de modo decorativo. La seguridad en la provincia de San Luis preocupa a la sociedad y no figura en la agenda del gobierno.

El pasado jueves el gobernador Alberto Rodríguez Saá inauguró la nueva sede policial de la Unidad Regional II, ubicada en Villa Mercedes. A la vera del Rio V, el moderno edificio fue definido por el primer mandatario como el más grande que tiene la policía, en toda la provincia.

La confortabilidad que posee la nueva obra, histórica demanda de la institución para su sede mercedina, lo llevó a repetir una confusión repetida en la que suele caer el gobernador Rodríguez Saá.

Flanqueado por el ministro de seguridad Diego González y por la ex ministra de educación, Natalia Spinuzza - la misma que protagonizó el video donde admitía el consumo de drogas durante un viaje al exterior - Rodríguez Saá confundió una obra pública con políticas de estado relacionadas con la seguridad. Así como La Pedrera no se tradujo en la explosión de políticas deportivas o la construcción de hospitales, no significó el aumento de recursos humanos y técnicos en la atención de la salud, el nuevo edificio, cómodo y confortable, es solo un edificio, la seguridad es otra cosa.

El mapa del delito volvio a realizarse ponerse en practica en setiembre de este año

En la actualidad, la Policía de la Provincia de San Luis cuenta con un total de 3.658 efectivos. El 47% del total de esos hombres y mujeres que integran la fuerza (1.735), son auxiliares de policías.

Los auxiliares son recursos humanos formados mediante cursos que oscilaron entre los 3 y 6 meses de capacitación, sin practica de tiro y requisitos mucho más flexibles que quienes estudian los tres años establecidos en el Instituto de Seguridad Juan Pascual Pringles, recorren el territorio sanluiseño sin estabilidad laboral, por su precaria condición de contratados.

Sobre el total de efectivos que posee la fuerza, según informe del área pertinente del pasado 12 de octubre, 618 agentes se encontraban con licencia médica.

La falta de organización de los recursos humanos hace que, al menos durante la ultima  semana, la comisaria nueva construida en el Ba. 500 Viviendas Norte, de la capital provincial, haya permanecido cerrada por la falta de efectivos.

El modo en que se asignan los recursos humanos para el combate del delito no parece lo más apropiado para los momentos que se están viviendo.

Las remodelaciones en el despacho del jefe de policia, ascendieron aproximadamente a los $415.000

A pesar que el flagelo de la droga se encuentra en un crecimiento espiralado en cada barrio sanluiseño, el Departamento D8, destinado a la lucha contra el narcotráfico, cuenta con solo 113 efectivos en toda la provincia. Si se toma en cuenta que están divididos en tres turnos, solo 37 efectivos trabajan al mismo tiempo en el combate de las drogas, siempre y cuando, no haya un 17% con licencias medicas, como ocurre a nivel estadístico en toda la fuerza policial.

El departamento D9, destinado a  la protección gubernamental, tuvo mejor suerte en la asignación de recursos que aquellos destinados al combate del narcotráfico. 172 efectivos se encuentran en esta área, 152 de ellos han sido asignados a la custodia personal de Alberto Rodríguez Saá, del complejo administrativo de Terrazas del Portezuelo, la residencia oficial y las mansiones que el gobernador habita en El Volcán y El Durazno.

El estado de las comisarias contrasta con los gastos realizados para el despacho de Fabricio Portela

Los 20 custodios restantes del área, están destinados en partes iguales a la custodia de Adolfo Rodríguez Saá y su esposa, Gisela Vartalitis. Quien también cuenta con fuerte custodia policial es la Jueza Virginia Palacios. Doce custodios dispuso la policía de la provincia de San Luis para cuidar de ella y cada uno de sus padres.

En la última semana, sin causa ni motivos formales, 50 administrativos que se desempeñan en la jefatura central de policía, trabajadores que son planta permanente de la institución, fueron desplazados de sus tareas habituales y enviados al ministerio de seguridad. El ministro Gonzales les explicó al grupo de desplazados que hasta tanto no se les asigne una nueva función, deben irse a la casa.

En el despacho del jefe policial, hay un cartel que al menos, llama la atención

Llama la atención que entre quienes fueron removidos, existan agentes que se formaron durante años para desempeñarse en criminalística, esos recursos humanos fueron descartados sin explicación.

Lo que también llama la atención, es el estado de los  móviles policiales. En la ciudad de San Luis, solamente existen cinco móviles operativos, en Villa Mercedes, cuatro. Esta ultima ciudad cuenta con 11 motos para patrullar las calles. Se calcula que casi el 65% de los móviles policiales se encuentran, por diferentes motivos, fuera de servicio.

Un hecho bizarro es el que protagonizan las últimas camionetas compradas por la jefatura. La fuente de alimentación de las balizas que utilizan estos vehículos son muy caras, cuestan $15.000, y se rompen con facilidad.

Cada una de las que se rompen, por una cuestión presupuestaria, no son reemplazadas y los nuevos móviles, circulan con las balizas azules, apagadas. La demora en las reparaciones es otra de las preocupaciones que suman quienes deben prestar servicios, móviles en el taller de reparación desde enero del 2017 por un problema en el tren delantero (móvil I-842) o sin uso desde hace mas de 100 días por problemas del embrague (móvil I-818).

El uso de los recursos suele ser arbitrario e irracional. Mientras en las comisarias de la Unidad Regional I se nota un deterioro propio de la falta de mantenimiento con paredes rotas, filtraciones de agua cuando llueve, deficiencia eléctrica, el jefe de policía, Fabricio Portela, realizó una refacción de su despacho por un monto cercano a los $415.000

Baños rotos y depositos a la interperie. Las comisarías quedaron en el olvido en el mantenimiento

Quienes visitan la oficia de quien se desempeñaba hasta hace poco como jefe de la custodia del gobernador, observan a simple vista los cambios ocurridos.

La refacción integral del despacho incluyó la demanda de la confección de muebles de diseño realizados a medida. Quien tomo la responsabilidad de satisfacer los deseos del jefe policial, fue una casa dedicada al rubro de la informática ubicada en San Martin al 400 de la capital provincial.

Si bien no es un rubro que domine, la empresa de computación fue la responsable de adquirir los escritorios, sillones de trabajo y los de descanso, la confección del rack donde se sitúa el Smart de 42¨ con soporte de 360°, los televisores de monitoreos, la bolsa de boxeo, con su correspondiente kid profesional para la práctica deportiva, un cartel indicador que informa que se está en presencia del Jefe de Policía y de colgar el cuadro pintado por el actual gobernador, que luce en el centro del despacho

“Combatir la pobreza ayuda enormemente a reducir los índices y la Policía se puede dedicar a cuestiones más complejas, como los casos de abigeato que tomaron estado público”, señaló el gobernador en el acto del jueves pasado. Como si los delitos informaticos, de tratas de personas, trafico de drogas y seguridad vial los tuviera solucionado, Alberto Rodríguez Saá identificó como delito complejo al antiquísimo abigeato.

Si bien el mapa del delito no muestra problemas de abigeato el gobierno provincial puso en marcha el operativo Hereford. 450 efectivos asignados, en turnos rotativos de 150, cuidando tranqueras en los campos.

Aunque parezca increíble y después del reality show realizado entre el ministro y el jefe de policía paseando en una avioneta, solo han recuperado en todo este tiempo una vaca, que encima, como lo explicó Raúl Foncuevas en la inauguración de la última exposición rural, estaba perdida y había sido denunciada por el dueño del campo donde se encontraba.

Mientras los móviles que quedan descansan en los ingresos a ciertos campos, la seguridad vial, principal causa de muerte en la provincia, quedó abandonada. No existe más controles viales en las rutas puntanas, con solo recorrer el trayecto que separa San Luis de Villa Mercedes, o la capital provincial con Merlo, los puestos que durante años trabajaban en las tareas de prevención, han desaparecido.

Mientras Rodríguez Saá considera que un edificio puede transformarse en una política de estado de prevención de la inseguridad y el ministro posa para las redes sociales bajo las órdenes de Gustavo Thompson, su operador de prensa y responsable de la pagina web paraoficial, Edición Abierta, la inseguridad crece en cada cuadra, cada barrio, cada ciudad.