POR DiegoMasci

Siguen desfilando funcionarios rodriguezaistas por la justicia

Delitos Electorales

Luego de la condena a Sergio Freixes le llegó el turno a la intendente de Nogolí, Claudia Pinelli. Gisela Vartalitis junto a su esposo, Adolfo Rodríguez Saá por la causa de los $80M de la Fundación que manejan serian los próximos, La justicia federal es la pasarela por donde desfilan los delitos electorales de los Rodríguez Saá

A pocos días de que el Tribunal Oral Federal condenó al actual ministro de la Producción, Sergio Freixes y al ex vice ministro de Legalidad, Mario Zavala, ambos funcionarios de Alberto Rodríguez Saá, por “coacción agravada”, en el marco de una serie de maniobras con las que hacían firmar renuncias anticipadas como un requisito indispensable para ocupar cargos en la estructura del Poder Judicial, el juez Federal, Juan Esteban Maqueda resolvió favorablemente la requisitoria del fiscal Federal, Cristian Rachid, llamando a indagatoria a la intendente comisionada de Nogoli, Claudia Pinelli, la directora del Hospital, Silvia Quevedo y a dos fiscales del Frente Unidad Justicialista.

A punto de cumplirse un año de los comicios, según informó durante el fin de semana el portal de noticias elchorrillero.com, el próximo miércoles 14 de noviembre, deberán presentarse a declarar en calidad de imputados Claudia Pinelli, intendente de Nogoli y Nicando Hilario Amieva, fiscal del justicialismo puntano en las elecciones del 22 de octubre de 2017. Al día siguiente, durante la mañana del jueves 15, deberán presentarse ante el juez, Silvia del Valle Quevedo y Nancy Escudero, esta última al igual que Amieva, fiscal partidario

El fiscal ha recolectado suficientes pruebas para sospechar que los imputados, han violado el Código Electoral Nacional, en especial, el articulo 139 inciso B que establece que “Se penará con prisión de uno a tres años a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada”

La causa se inició a instancias de una denuncia formalizada el día anterior a las elecciones por los apoderados del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis ante la secretaría Electoral Nacional.

Pinelli, quien acompañó en las boletas los candidatos a senadores nacionales Adolfo Rodríguez Saá, como titular y a Alberto Rodríguez Saá como candidato suplente, se encuentra imputada de haber puesto en marcha un mecanismo de apriete, junto a dirigentes y punteros justicialista. En nombre del Gobierno y del Frente de Unidad Justicialista citaba electores a reuniones, en las mismas a quienes eran empleados estatales se los amenazaba con la perdida del empleo y a quienes tenían un plan social, con que se los iban a quitar, en el caso de que no votaran a los candidatos rodriguesaistas

Para asegurarse la voluntad, les entregaban el voto marcado que era justamente el que debían depositar en la urna.

Algunas de esas boletas que se repartieron en forma anticipada, llegaron a manos de los asesores legales del Frente opositor que las acreditaron en la denuncia. Tenían una letra y un número. La letra identificaba el beneficio social o prestación estatal que recibía el elector, mientras que el número indicaba la identidad de la persona y su grupo familiar. Por Ejemplo: “H1” correspondía a una persona que recibe beneficios del Hospital público; “M3” a un beneficiario de los merenderos; “B7” a becarios; “P3” al Plan de inclusión social; “PB2” a Pañuelos Blancos y “AS4” a otra ayuda social.

Tras una solicitud del fiscal, el juez Federal Juan Esteban Maqueda ordenó una medida cautelar consistente en la preservación de las urnas con los sufragios emitidos en el Departamento Belgrano. En el escrutinio se constataron un total de 65 boletas irregulares.

En el transcurso de la investigación se registraron varios testimonios que ratificaron las presiones. A pesar del temor a represalias, hubo electores que declararon cuál fue la mecánica empleada. Sobre este hecho, deberá dar explicaciones la actual comisionada municipal de Nogoli. Por trampas durante el proceso electoral

El Fisca definió la intervención de cada uno de los involucrados y expuso la organización existente: Por un lado, Pinelli (en ese momento interventora) y Quevedo (directora del hospital) como funcionarias del Gobierno podían disponer los beneficios. Por el otro, Amieva y Escudero brazos ejecutores de la maniobra que cerraba porque se encargaban de controlar -como fiscales de establecimiento o de mesa del Frente de Unidad Justicialista- los comicios y hacer sentir su presencia a los votantes. Después ambos verificaban en el escrutinio que “aparecieran” los votos marcados.

El delito electoral que se les adjudica contempla una pena de prisión de uno a tres años y una accesoria la privación de los derechos políticos por el término de uno a diez años.

En la misma campaña electoral el Frente opositor formuló una serie de denuncias. Hay causas en el fuero federal y provincial contra el gobernador por haber entregado a la Fundación Mujeres Puntanas de la esposa de su hermano Adolfo, $80 millones que se usaron para regalar electrodomésticos; contra ministras por el reparto de tablets a punteros en la sede del PJ y por el otorgamiento de planes sociales el día de la elección violando la prohibición de efectuar actos de gobierno para captar votos y la veda electoral.

El fiscal Federal viene de promover la indagatoria del ex intendente de Arizona y dirigente del PJ, Pedro Figueroa por un escandaloso fraude. En 2015 trajo electores de La Pampa y Mendoza para que votaran a su hijo, el actual intendente, a cambio de una licencia de conducir profesional.

En el caso de Nogolí, la voluntad popular a lo largo de las últimas décadas ha sido burlada por el fraude y el azar. En 2015, una puja intestina del oficialismo (el PUL ganó en las urnas, pero no se animó a denunciar que el PJ le birló la intendencia en el escrutinio) se resolvió con la intervención. Antes, una elección en la que los dos candidatos empataron, el Superior Tribunal definió a través de un bolillero el intendente, que terminó denunciado, sometido a juicio oral y absuelto por corrupción.

Lo que parecía un blindaje infranqueable para los hermanos Rodríguez Saá ha comenzado a resquebrajarse. La impunidad con la que se manejaron durante años comenzó tener sus consecuencias judiciales y los encargados de las maniobras delictivas que burlaban el código electoral, empiezan a tener castigo.

Sergio Freixes, Mario Zavala, Claudia Pinelli no actuaron en soledad, lo hicieron cumpliendo con un libreto que escribían los máximos responsables del poder en la provincia. Hoy deben enfrentar en soledad las consecuencias de haber cumplido con las órdenes recibidas. El tiempo dirá quién será el próximo en recorrer tribunales, el tiempo dirá hasta donde llega el pacto de silencio, cuando cada uno de ellos deba enfrentar en soledad el frio húmedo de la celda que les asigne la justicia.