POR DiegoMasci

Allanan la Fundación Mujeres Puntanas

delitos electorales

Lo que nació como una investigación periodística de zbol.com.ar es hoy la causa federal que mas dolores de cabeza le esta causando a los hermanos Rodríguez Saá y a Gisela Vartalitis. La justicia se llevó los libros contables de la Fundación que obtuvo un subsidio en tiempo record

La justicia federal sigue avanzando en la causa por la transferencia de $80.000.000 realizada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá a su hermano, Adolfo Rodríguez Saá y a su cuñada, Gisela Vartalitis, a nombre de la Fundación Mujeres Puntanas, en setiembre de 2017.

El pasado miércoles efectivos de la Policía Federal acudieron a la sede de la Fundación ubicada en la esquina de La Pampa y Riobamba de la ciudad de San Luis, en el marco de la causa penal que investiga el otorgamiento del subsidio entregado por parte del Estado Provincial.

Los agentes federales concurrieron al lugar con una orden de obtener el libro contable de la fundación que preside la esposa del senador Rodríguez Saá con “allanamiento subsidiario para el caso de negativa”, que libró el fiscal federal Cristian Rachid.

A partir de una investigación exclusiva publicada por zbol.com.ar el domingo 24 de setiembre de 2017, se conoció que el 8 de setiembre de ese año, a solo 5 días hábiles de iniciado el expediente administrativo y a poco menos de 40 días de haber obtenido la personería jurídica, la Fundación “Mujeres Puntanas”, fundada por Adolfo Rodríguez Saá y su esposa, Gisela Vartalitis, recibió de parte del gobierno de Alberto Rodríguez Saá  el pago, en una sola cuota, de un subsidio de $80 millones para el desarrollo del proyecto denominado “Mujeres Puntanas Emprendedoras”

A partir de esa investigacion, un grupo de legisladores provinciales realizó la denuncia en la justicia federal.

En un dictamen emitido por la Cámara Nacional Electoral en abril de este año, el organismo determinó  que en la entrega del dinero de parte del estado provincial que dirige el gobernador Alberto Rodríguez Saá a la fundación que fundó su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá, se había incurrido en prácticas clientelares con el fin de captar votos.

En los dos dictámenes emitido por los cuerpos de auditores de la Cámara Nacional Electoral, se señala detalladamente cuáles son los subsidios y las personas beneficiadas; las violaciones en las que habrían incurrido; que los aportes se realizaron de una persona jurídica; que se excedieron las contribuciones privados y se utilizaron fondos estatales.

Mientras el senador Rodríguez Saá departe su tiempo entre la Argentina y Europa, su hermano, el gobernador, mantiene silencio sobre la transferencia realizada para uso de prebendas electorales en la campaña para senador del 2017 y su esposa, Vartalitis, permanece recluida en la mansión de Potrero de los Funes, que en su momento tuvo un costo de U$S6.000.000, la Justicia Federal avanza en una causa donde todos se encuentran implicados y comprometidos