POR DiegoMasci

¿Por que no se usa la CIPE para la trazabilidad?

La culpa es del otro

Habiendo desarrollado supuestamente una tecnología para el mundo digital, la respuesta del equipo de Rodríguez Saá al momento de establecer la trazabilidad durante la pandemia del Coronavirus, está más cerca de la vieja libreta del almacenero que de alguna herramienta pensada por Bill Gate

Las dificultades que tiene el gobierno provincial para poder controlar la trazabilidad de los ciudadanos en la etapa más crítica de la pandemia del Coronavirus y el temor del gobierno ante un sistema de salud vulnerable al momentos de brindar respuestas, llevó al gobernador Alberto Rodríguez Saá, a denunciar a todos los sanluiseños por no cumplir con los protocolos diseñado por el comité de crisis.  

A la denuncia formulada contra los 500.000 sanluiseños por María Eugenia Cantaloube, integrante del Comité de Crisis, cuando el pasado viernes expresó “Se observó un cien por ciento de incumplimientos. Radican principalmente en los protocolos de trazabilidad, en no respetar el distanciamiento social. También notamos que los trabajadores de los distintos locales como así también la gente, los clientes, no usan el tapabocas” el gobernador Alberto Rodríguez Saá, añadió “La trazabilidad es muy importante y nadie cumplió con esto. Haremos mayores controles y al que no cumpla se lo sancionará… Las sanciones van desde los de 50 mil a un millón de pesos”.

Mas allá de que cientos de miles de sanluiseños intenta satisfacer todos los requerimientos del Comité de Crisis provincial para mantener la Fase 5, llenando planillas en los diferentes comercios, ingresando a cada local con el tapabocas obligatorio, usando alcohol en gel o lavándose las manos cada vez que regresa al hogar, el ejecutivo provincial no encontró a nadie que haya cumplido con el requisito, de ahí que detectaron el “cien por ciento de incumplimientos”

El mayor inconveniente que tiene el gobierno esta centrado en la trazabilidad de los ciudadanos. Una herramienta molesta para quienes deben cumplir los requisitos, pero necesaria ante la aparición de cada caso positivo de COVID 19.

Las alarmas en la fragilidad del sistema elegido quedaron al descubierto el fin de semana del 4 y 5 de julio. La aparición de un caso de un ciudadano de Tilisarao, hizo caer en la cuenta al Comité de Crisis que preside el gobernador Alberto Rodríguez Saá que por mas que se completen miles de planillas todos los días en cada local comercial de la provincia, si el afectado por la enfermedad no logra brindar toda la información de modo detallado, no existe la posibilidad de realizar la trazabilidad del paciente con eficiencia.

Lo que el gobierno no logra explicar en la ineficiencia para poder exponer la trazabilidad de los puntanos en medio de esta pandemia es ¿para qué sirve la CIPE?

La CIPE es la Cédula de Identidad Provincial Electrónica que el próximo 29 de noviembre cumplirá 10 años desde su implementación. Con la llegada de Alberto Rodríguez Saá en diciembre de 2015, Alicia Bañuelos, dueña del maxiquiosco de la Universidad de La Punta, convenció al gobernador de la necesidad de relanzar el plástico de identidad provincial, que hasta el momento no había rendido los frutos para lo cual había sido creado, lanzando la CIPE 3.0

Desde 2016 hasta la fecha, más de 300.000 sanluiseños poseen la CIPE, en noviembre pasado, Alicia Bañuelos declaraba a la Agencia de Noticias San Luis, “la CIPE 3.0 sumó tecnología NFC, para que su poseedor pueda identificarse en un entorno digital desde dispositivos móviles. Esto permitió, simplificar la vida de los puntanos”

Es muy difícil explicar los motivos por los cuales el gobierno puntano ha invertido cientos de millones de pesos en la emisión de los plásticos, en la puesta en marcha de los cincuenta centros de emisión, en tecnología y recursos humanos, si cuando llega el momento de poner en marcha la CIPE, el gobierno acusa a los comerciantes y habitantes de la provincia de no llenar las planillas de cada comercio

Habiendo desarrollado supuestamente una tecnología para el mundo digital, la respuesta del equipo de Rodríguez Saá al momento de establecer la trazabilidad durante la pandemia del Coronavirus, está más cerca de la vieja libreta del almacenero que de alguna herramienta pensada por Bill Gate

Bañuelos y Rodríguez Saá vienen hablando de la CIPE desde hace 10 años. Durante todo este tiempo han prometido la implementación de la Historia Clínica Digital, antecedentes policiales y boletín electrónico para los estudiantes.

Nada de eso pasó en 10 años desde su implementación. A duras penas pudo reemplazar el viejo carne de DOSEP y la Tarjeta Sanluiseña que se utilizaba para pagar el peaje. Ningún servicio que no estuviera funcionando con anterioridad

¿Qué sentido tuvo gastar cientos de millones de pesos si al momento de la aparición de una pandemia, o una crisis, no puede ser utilizada? ¿Alguien se imagina a un empleado de cualquiera de las grandes cadenas de supermercados que existen en la provincia, revisando cientos de planillas para ver si la persona a la que le detectaron COVID ingresó al centro comercial, cada vez que el gobierno informa de un caso positivo?

Si las CIPE poseen un Código QR que contiene los datos de la identidad de cada ciudadano, ¿Por qué no se desarrollo una aplicación para que, en cada comercio, con un simple celular, se pueda cargar la trazabilidad de los ciudadanos durante la pandemia y de ese modo, dejar de lado la obsoleta planilla que cada uno de nosotros debemos llenar al llegar a un comercio?

Si el gobernador explota en una videollamada con el presidente de la nación, presentándose como campeón del mundo digital, ¿Por qué culpa a todos los puntanos del fracaso del sistema empleado?

Quizás llegó el momento de que el Comité de Crisis comience a realizar la autocritica de lo actuado y de que el gobernador se pregunte para que sirve la CIPE. Es muy fácil echarle la culpa al otro, lo difícil es poder reconocer cuando se comete un error. Y el error acá… tiene demasiado olor a negociado